Una iniciativa ciudadana europea ha sido lanzada por la campaña "Stop Killing Games" para prohibir la desactivación de los videojuegos en remoto.
En esta iniciativa, titulada "Alto a la destrucción de los videojuegos", se solicita que los distribuidores que venden o licencian videojuegos a consumidores de la Unión Europea mantengan estos videojuegos en un estado funcional, evitando su desactivación remota sin proporcionar medios razonables para que sigan funcionando.
Entre otras cosas, en la campaña se hace hincapié en la tendencia en la industria de los videojuegos de requerir conexión a internet para que los juegos funcionen.
Este no es el problema en sí, sino que son muchos los distribuidores que desactivan estas conexiones cuando finaliza el soporte del juego, dejando a los consumidores sin acceso a los productos por los que han pagado.
Esto, aunque poco a poco se ha convertido en costumbre, podría violar los derechos básicos de los consumidores.
Además, quita el encanto que mantienen juegos de los 2.000 o incluso de los 90, que se siguen jugando a día de hoy como si de auténticas obras maestras se tratasen, y en la gran mayoría de los casos así es, ya no por su calidad gráfica, sino por el sentimiento de nostalgia que queda y las experiencias vividas.
Volviendo a la iniciativa, los promotores de la misma se escudan en el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que dice: "Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida".
En este caso, la desactivación remota priva a los ciudadanos europeos de su propiedad sin una compensación adecuada.
También buscan defenderse con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, concretamente con su artículo 169, apartado 1, que promete "promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección".
Igualmente, en su artículo 12 afirma que la protección de los consumidores debe ser considerada en todas las políticas y acciones de la Unión, mientras que en el artículo 114, apartado 3, se establece que las propuestas de la Comisión deben basarse en un alto nivel de protección de los consumidores.
Todo empezó con "The Crew"
Por tanto, respaldo legislativo no les falta a los promotores de la campaña "Stop Killing Games", que fue iniciada por Ross Scott tras el cierre de "The Crew", un juego de carreras lanzado en 2014 que requería conexión a los servidores de Ubisoft.
El soporte fue retirado en marzo de 2024, dejando el juego completamente inaccesible para aquellos que lo habían comprado, a pesar de que se descubrió que existía un modo sin conexión en el código del juego.
Ubisoft explicó que esta decisión se debía a "restricciones de infraestructura de servidores y licencias", y que cerrar un juego, especialmente el primero de la franquicia, no era algo que tomaran a la ligera.
Sin embargo, esta justificación no sirvió a los jugadores, aunque de poco les serviría contactar con Ubisoft, y menos aún tras saberse que la compañía no se iba a conformar con cerrar los servidores.
Tras esto, Ubisoft comenzó a eliminar el juego de las bibliotecas de los jugadores y a revocar sus licencias de usuario, lo cual enfureció, aún más si cabe, a los fans, ya que esperaban que al menos el juego pudiera sobrevivir a través de servidores privados.
Cuando los jugadores trataban de acceder a él a través de Ubisoft Connect, veían que el juego estaba en la sección de "juegos inactivos", acompañado del mensaje: "Ya no tienes acceso a este juego. ¿Por qué no visitas la tienda para continuar tus aventuras?".
De la protesta a la acción
A pesar de que hubo modders arremangándose para tratar de hacer magia, los jugadores se revolvieron aún más, hasta el punto de cuestionarse si realmente lo que estaba haciendo Ubisoft era legal. De entre todas estas reacciones, nació la campaña Stop Killing Games.
A día de hoy, la iniciativa ha recogido casi 90.000 firmas en total de los 27 estados miembros de la UE, siendo casi 5.000 de ellas provenientes de España mientras escribimos estas líneas.
Para que la Comisión Europea considere la petición, se necesita un mínimo de un millón de firmas válidas en un periodo de 12 meses, con un umbral específico de firmas en al menos siete estados miembros, por lo que aún queda bastante camino por delante.
Sin embargo, si la iniciativa tiene éxito, el panorama en la industria de los videojuegos cambiaría de manera bastante radical en territorio europeo.
Para empezar, los distribuidores podrían verse obligados a tener un plan B para cuando sus juegos lleguen a su fin de vida, como parches que eliminen los requisitos de conexión o permitir a los jugadores que alojen sus propios servidores para partidas multijugador.
La campaña no exige soporte continuo, solo que los juegos se mantengan en un estado funcional, lo cual resulta bastante coherente y para nada excesivo.
Tras ver todo esto, consideramos que ha habido un retroceso en este sentido respecto a los juegos de antaño, donde verdaderamente estabas comprando un producto que era tuyo y que nadie te podía arrebatar de las manos.
Ahora, la única garantía que tienes de acceder a un juego es que siga en su sitio en la biblioteca de juegos de turno y rezar para que a la distribuidora no le dé por cerrarlo, lo cual resulta bastante carente de sentido, ya que ni siquiera obtienes tu dinero de vuelta.
Por tanto, esta iniciativa ciudadana para prohibir la desactivación de los videojuegos en remoto nos parece algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo y que se merece todos los éxitos posibles.
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