Llegan cartas a usuarios con amenazas de ir a juicio por piratería si no pagan 400 euros

Están llegando a usuarios de toda España cartas donde se les amenaza de ir a juicio por piratería si no pagan 400 euros. En dichas cartas se les comunica que el juzgado les está investigando literalmente por “la descarga y/o compartición de material protegido por derechos de autor a través de redes peer to peer, sin la autorización del titular de los derechos".

Según parece, detrás de estas denuncias están las productoras Voltage Pictures (de origen estadounidense) y Crystalis Enterainment (de Alemania).

En esa carta se les exige a los afectados el pago de 400 euros de los cuales 100 euros son como concepto de indemnización hacia los propietarios de los derechos compartidos ilegalmente y 300 euros como gastos de investigación.

Estas últimas cartas las ha hecho públicas un usuario de Telefónica a través de de su cuenta de Twitter compartiendo fotos de la carta que le ha llegado.

Todo comenzó en el País Vasco cuando conocimos el caso de varias personas que habían recibido cartas de este mismo tipo, aunque exigiendo una cantidad dineraria bastante menor.

Parece que esa práctica exclusiva del País Vasco hasta ahora, se está empezando a extender por otros lugares de España.

Según parece las productoras esperan que el juzgado identifique a las personas que según ellos han quebrantado la ley, aportando una dirección de IP obtenida de compartir archivos protegidos mediante programas P2P.

En las cartas que se están enviando se pueden leer frases tan contundentes como "Tenga usted en cuenta que, como titular de la conexión a Internet, es el principal sospechoso de la infracción cometida. Pero, incluso en el caso de no haber realizado usted directamente la difusión de las obras, la Ley le considera responsable de la infracción, a todos los efectos, como cooperador".

Aún leyendo esa verbal contundencia de las cartas, existen verdaderas dudas de si la forma de obtener las direcciones IP de los usuarios están acorde a derecho puesto que es algo, a priori, difícil de demostrar y más con las actuales redes WiFi, un sistema no muy difícil de piratear.

Según cuentan distintos abogados el hecho de aseverar con tal contundencia que la persona que contrató el servicio de internet es la misma que realiza las descargas ilegales, no es acorde a ley.

De todas formas, habrá que esperar para ver qué ocurre con los usuarios que han recibido estas cartas con amenazas de ir a juicio exigiendoles 400 euros, sobre todo porque aquellos que están exigiendo tales indemnizaciones, podrían no estar estrictamente dentro de la ley y pretendan comprar humo.

Vía: eldiario.es